Cuando se aproxima la discusión constitucional, hablamos con Juan Carlos Lara de la ONG Derechos Digitales sobre protección de datos personales y digitalización del Estado.
En contexto de pandemia, donde empresas y gobiernos han perfeccionado sus maquinarias de recolección y procesamientos de datos, parece un deber cívico estar atento a estas jugadas.
Por Rodrigo Quiroz Castro
Derechos digitales es una ONG con base en Santiago y operación en toda América Latina.
Cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales en la relación entre ciudadanía y la tecnología a través de tres ejes temáticos: privacidad, libertad de expresión y acceso al conocimiento.
Materias que seguro serán parte de la discusión constitucional que se abre en el país y de las que conversamos con Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas de la entidad.
Poder para la gente
Hablar de privacidad y manejo de datos personales es hablar de la capacidad que tienen las personas de resguardar su propia intimidad sobre injerencias indebidas de Estados y empresas.
¿Cómo se ha dado este límite entre tecnología y privacidad en pandemia?
–La pandemia ha aumentado el poder de recolección de información personal. En las últimas dos décadas la capacidad de las empresas de generar recursos en la era digital está ligada a su estrategia de recolección y procesamiento de la información.
-Ahí está Facebook y Google comprando empresas de análisis de datos, por ejemplo. Por otro lado, los Estados, que en buena parte se han quedado atrás en recolección de información, han aumentado sus capacidades a través de la contratación de servicios privados.
-Una de las cosas que cambió considerablemente con la pandemia es lo que entendíamos como una vida crecientemente dependiente de lo digital, que se convirtió en una vida casi totalmente mediada por la tecnología e Internet.
-Una de las consecuencias de este cambio es la gran oportunidad para recolectar más y mejor información de las personas por parte de entidades públicas y privadas.
-Una tendencia que va a ser muy difícil de revertir cuando concluya la pandemia.
¿Cómo estamos parados como ciudadanos frente a este escenario?
– Creemos que las personas efectivamente saben que empresas y Estados tienen mucha información sobre ellos, pero no saben completamente cuánta o qué información tienen.
-Al mismo tiempo creemos que las personas sienten impotencia de su capacidad de hacer algo al respecto, porque estamos en un ámbito normativo, social y comercial.
-Donde no tenemos a la vista herramientas efectivas para tener control sobre nuestra información personal.
-Eso va erosionando el tejido social y provocando un resentimiento con las empresas, alimentado además por el descuido de los propios usuarios con la entrega de información personal (dar el Rut frente a un beneficio comercial, por ejemplo), precisamente porque no hay suficientes herramientas de control.
-No existen mecanismos para exigir ante una autoridad que “hoy no existe” que las empresas me informen cuál es la información que tienen sobre mi, o que les pida eliminarla y no volver a utilizarla.
-Esto no requiere solo cambios de prácticas de las empresas y personas, sino que exige cambios institucionales y legales.
Hablabas de cambios a nivel legislativo e institucional. Luego de un plebiscito histórico, ¿cómo ves los derechos digitales en la conversación sobre una nueva constitución?
-Un proceso constituyente es un momento histórico para convertir nuestras aspiraciones en algo alcanzable. No necesariamente para resolverlas a través de la Constitución, sino para establecer el marco en el cual la discusión democrática pueda favorecer ese ejercicio de derechos.
-Se podría legislar para que existan instituciones que sean más protectoras de la ciudadanía, por ejemplo creando una autoridad independiente de protección de datos personales, que hoy no existe.
-A la vez en Derechos Digitales entendemos que este momento constituyente sirve para darle más relevancia al tema de los datos personales y sobre todo sería provechoso para dotar de más atribuciones al Estado, consagrando la inviolabilidad de nuestras comunicaciones (incluyendo nuestros dispositivos) y el derecho a que no seamos discriminados por un sistema algorítmico.
GRAN HERMANO
Ya que hablamos del rol del Estado, ¿qué evaluación haces de su proceso de digitalización?
-Hasta hoy se considera la Transformación digital como un factor de avance, como un elemento central de la modernización del Estado y garantía de la mejora en su eficiencia.
-Sin embargo, esta noción de que un Estado digital es mejor que un Estado no digital, es altamente debatible. El hecho de que la tecnología pueda favorecer la eficiencia no significa que los mecanismos o procesos internos también se hagan eficientes de la noche a la mañana.
-Si seguimos usando los mismos procedimientos y se deja afuera a la ciudadanía estamos atentando contra esa promesa.
-La sucesión de gobiernos desde los ’90 en adelante muestran eso: de sus agendas digitales no se desprende una visión clara del Estado respecto de su relación con las personas.
¿Y cómo ves el avance del Estado en el tema de la ciberseguridad?
-El rol del Estado es fundamental en un mundo en que existen crecientes riesgos, especialmente transfronterizos por los ataques a sistemas informáticos.
-El punto crítico está en que el Estado no puede hacerse cargo por sí solo de proteger cada uno de los cables que llegan a nuestro territorio.
-Todavía Internet está en manos de empresas privadas y, en consecuencia, en la medida que las empresas no tengan prácticas de seguridad por iniciativa propia, estamos en un ámbito de seguridad disminuida.
-Ni todas las leyes de delitos informáticos del mundo nos van a salvar de los hackers, pero de todas formas el rol de los Estados promoviendo prácticas de ciberseguridad es crucial.
¿Para Derechos Digitales es relevante que exista una figura central que de directrices sobre la Transformación digital del Estado, por ejemplo un delegado presidencial?
–El que exista una persona no es tan relevante como el simbolismo de ese cargo, que sí es relevante. Es la necesidad de que exista coordinación y una visión común.
-Por ejemplo, recientemente se firmó un nuevo tratado sobre cuestiones digitales con Singapur y Nueva Zelanda (el famoso TEPA sobre economía digital) que fue acordado por la Subsecretaría de Relaciones Comerciales Internacionales, que es parte de la Cancillería.
-En paralelo la SUBTEL, que depende del Ministerio de Telecomunicaciones, trabaja en temas locales, mientras la agenda de ciberseguridad es coordinada por el Ministerio de Defensa.
-Nos parece chocante que exista una división interna tan grande entre distintos órganos que responden a autoridades políticas diferentes, con intereses tan disímiles.
En consecuencia, más que una persona, lo que necesitamos es una visión común e idealmente una coordinación para que distintas acciones del Estado no terminen siendo contradictorias entre sí.
Recursos para profundizar en estos temas
El sitio derechosdigitales.org
Estudio Latin America in a Glimpse
Repositorio reconocimientofacial.info
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